elcaminantehn agosto 14, 2018

La congresista estadounidense Norma Torres anunció que la enmienda que presentó a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, en la cual propone crear un listado de funcionarios de Centroaméricaque estén involucrados en actos de corrupción y narcotráfico, fue incluida en la versión final.

Torres, le dijo en entrevista a InSight Crime, en mayo de este año, que era necesario impulsar ese paquete de reformas porque “hay personas que están obstaculizando la agenda anticorrupción”.

Según la congresista, cada vez son más voces, republicanas y demócratas, las que se pronuncian sobre que se reduzca o elimine la ayuda a países como Guatemala, El Salvador y Honduras porque no ven “una intención real de combatir la corrupción”.

A finales de mayo de este año,el Congreso de Estados Unidos envió un mensaje a los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los representantes estadounidenses aprobaron por unanimidad una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, en donde establecen la creación de un listado de funcionarios de Centroamérica que hayan estado involucrados en actos de corrupción y narcotráfico.

Según lo aprobado, es la Secretaría de la Defensa Nacional de EEUU la que tiene la responsabilidad de realizar este listado.

La congresista Norma Torres fue la impulsora de esta enmienda. El objetivo principal de Torres es respaldar la lucha contra la corrupción en la región, la cual a criterio de la representante estadounidense, es liderada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez.

En aquella oportunidad, Torres afirmó: “El Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el estado de derecho en Centro América. Durante varios años, los demócratas y los republicanos en el Congreso de Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado”.

Entre los argumentos que se dieron para aprobar la creación de un listado de funcionarios corruptos, se resaltó los ataques que han sufrido la CICIG, la MACCIH y los fiscales investigadores por parte de los Gobiernos, con el objetivo de obstaculizar su trabajo investigativo.

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