elcaminantehn septiembre 28, 2018

Los hechos ocurrieron hace 4 años, y hace 6 meses la Dijin empezó la investigación que terminó con esta condena. Este caso constituye un hecho histórico para el movimiento indígena como para el movimiento de mujeres, en Colombia, pues es la primera condena por esclavitud de una empleada doméstica, informó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La fiscal del caso narró en la audiencia lo que vivió la víctima, Erika Vargas Castillo:

“La joven indígena, en estado de embarazo, decidió viajar a Bogotá porque un hombre [José Walter Grisales González] le prometió un sueldo de 250.000 pesos mensuales, pero cuando llegó a la capital empezó su infierno. Fue advertida que por dos meses no recibiría salario porque debía pagar con su trabajo los pasajes de Mitú a Bogotá, que oscilaban en el valor de 400 mil pesos. […] Haciendo aseo, accidentalmente rompió un plato decorativo de la casa y la señora manifestó que debía pagárselo y que su valor era de 5 millones de pesos. Es decir, tendría que trabajar 20 meses bajo esas condiciones para poder pagar la pieza decorativa”.

Según el testimonio entregado por la joven indígena, Castiblanco Parra nunca le pagó un solo peso y, además, la mantenía encerrada bajo llave y no la dejó salir de la casa durante ese mes y medio.

Adicionalmente, la investigación determinó que las jornadas de trabajo empezaban a las seis de la mañana y terminaban a las diez de la noche, lo que también ponía en riesgo la vida de su bebé. También se encontró que Vargas Castillo no fue afiliada a ningún tipo de seguridad social.

Ahora, la mujer debe responder por el delito de trata de personas con fines de explotación bajo la modalidad de servidumbre. La juez también determinó una inhabilidad para ejercer como abogada en labores públicas por el mismo tiempo que estará privada de la libertad, agregó RCN Radio.

La mujer se encuentra en libertad, por lo que fue ordenada su captura para que “sea el Inpec quien defina en qué establecimiento carcelario va a cumplir la pena”, agregó la juez, que también ordenó investigar a Grisales González.

La ONIC agrega que cuando la victimaria se enteró que la comunidad indígena había denunciado el caso, sacó a la joven embarazada a la calle con sus cosas y sin dinero para sobrevivir.

Las comunidades indígenas señalaron que “labor de empleada doméstica es un eufemismo para captar víctimas en evidente condición de vulnerabilidad y someterlas a ser esclavizadas bajo explotación laboral y restringiendo su autonomía personal para movilizarse o renunciar”.

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