Pasó un infierno a manos de su padrastro desde los 12 años, ahora enfrenta 20 años de cárcel por abortar.

Imelda Cortez tiene 20 años y su padrastro lleva violándola desde los 12. Hoy comienza en El Salvador un juicio que puede ser un duro golpe contra las mujeres

Imelda Cortez se enfrenta a una petición de cárcel de tantos años como los que tiene: 20.

Su delito, o mejor dicho el delito que cree apreciar la Fiscalía General de la República de El Salvador es el de homicidio agravado en grado de tentativa. Está privada de libertad desde abril de 2017 acusada de haberse provocado un aborto fallido. El bebé tiene hoy dos años y las pruebas de ADN han demostrado que es fruto de la repetida violación a la que el padrastro de Cortez somete a esta desde que era una niña de 12 años. El hombre, de 70 años ahora, también está acusado de violación.

La abogada de Cortez, Alejandra Romero, se lamenta de que la mujer está siendo “tratada como una criminal, no como una víctima de violencia sexual”. La versión que sostiene la defensa es que Cortez ni siquiera sabía que estaba embarazada de 38 semanas cuando sintió punzadas en el estómago, fue al baño, vio sangre y se desmayó. La encontraron su madre y una vecina sin conocimiento. La doctora que la trató en el hospital la acusa de haber abortado.

Hoy comienza el juicio, pero es un proceso que desgraciadamente no llama la atención solo sobre el caso de Cortez, víctima también de la pobreza del medio rural salvadoreño. En el país centroamericano Cortez no es la única mujer en la cárcel acusada de haber abortado, un delito para el que se preven durísimas penas de entre 8 y 40 años de prisión. Se estima que más de una treintena de mujeres han pasado o siguen en la cárcel desde que a finales de los noventa la legislación se endurecieseSegún The New York Times, 147 mujeres salvadoreñas fueron juzgadas por delitos relacionados con el aborto entre 2000 y 2014. 49 fueron acusadas, 26 de estas por asesinato.

Algunos casos han sido especialmente sonados, como el de Evelyn Beatriz Hernández Cruz, condenada a 30 años, a los 19, por haber tenido un parto extrahospitalario en su casa.

O el de Teodora del Carmen Vásquez, condenada también a 30 años en 2007 y liberada el pasado mes de febrero tras una década de movilizaciones de oenegés nacionales e internacionales como Amnistía Internacional.

Un mes después de aquella decisión, quedaba también libre Maira Verónica Figueroa Marroquín tras pasar 15 de los 30 años con los que también fue condenada en 2003.

El Salvador es uno de los países del mundo con una legislación más ferozmente antiabortista desde 1998. Incluso un grupo de expertos de Naciones Unidas solicitó el año pasado a sus autoridades la revisión del código penal en pro de los derechos humanos, especialmente aquellos de mujeres y niñas. Con Nicaragua, República Dominicana, Malta y Vaticano tiene el dudoso honor de formar el club de los cinco países con la criminalización del aborto más dura del mundo, incluyendo la tipificación de delito en casos de violación y encarcelamiento de la gestante.

Esta ley contra las mujeres salvadoreñas se enmarca en la traumática historia reciente del país.

Poco después de firmar los acuerdos de paz entre fuerzas armadas del gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional que acabaron con una guerra de más de una década y unas 75.000 víctimas, Naciones Unidas organizó en 1994 la Conferencia sobre Población y Desarrollo. Movimientos y partidos ultraconservadores como el de la Conciliación Nacional o la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) hicieron suyo el discurso del Papa Juan Pablo II alertando sobre la maniobra del “primer mundo” para promover el aborto como herramienta de control de la población en países pobres. Además, desde estos sectores se dotó al endurecimiento de la ley como una muestra de independencia y soberanía de la nueva etapa del país.

Junto al peso de la iglesia salvadoreña, y a pesar de la oposición de la guerrilla del FMLN ya convertida en partido, El Salvador acabó con la posibilidad de aborto en los tres supuestos -riesgo para la salud de la mujer, graves anomalías en el feto o violación- vigentes hasta entonces, posicionándose como un país legalmente hostil para las mujeres hasta el día de hoy.

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